Columnista denuncia presiones para informar

Columnista denuncia presiones para informar

Fichero Político
Angel Mario Ksheratto

Cuarto Poder
Jueves, 7 de febero del 2008.
www.cuartopoder.com.mx

Denuncias preocupantes

En menos de 24 horas, dos denuncias relacionadas con las libertades civiles fueron cacaraqueadas sin que la parte acusadora garantizara con pruebas la veracidad de los hechos públicamente declarados; la primera, sobre la detención de un profesor, aparentemente acusado de haber encabezado una marcha en contra del Tratado de Libre Comercio y la otra, de cuatro ciudadanos detenidos durante una manifestación mediante la cual se exigía a las autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez, garantías de seguridad ante el creciente repunte de la ola de violencia que azota a la capital y que no cesa, pese al ofrecimiento electoral de erradicar a los delincuentes. Felipe Hernández Yuena, detenido y liberado por carencia de pruebas en su contra, alega haber sido torturado por agentes del Ministerio de Justicia, hecho que, como cualquier otro señalamiento de ésa índole, requiere de pruebas irrefutables para sustentar no solo la denuncia pública sino también la querella penal mediante la cual habría de deslindar responsabilidades a los presuntos ejecutores de la acción de la que se queja.

En el otro caso, los detenidos amparan su denuncia en la libertad de manifestación, cuyos excesos parecen haber sido la causa para ser apresados, sin que ello les despoje del derecho que tienen, como ciudadanos libres, de exigir garantías de seguridad, exigencia que es ya generalizada ante la incompetencia de las autoridades municipales de brindar protección plena a los habitantes de la capital, aunque justo es decir que uno de los factores que han contribuido para que la violencia se desboque, es la falta de suficiencia y recursos financieros para hacer frente a ésta.

En ambos casos vemos con preocupación la ligereza de los argumentos para presumir una acción de la que, como ciudadanos y observadores, tenemos la necesidad de las pruebas para entonces, sumarnos a la defensa tanto de las libertades civiles, como en contra de prácticas deleznables que en el sexenio pasado, fueron el alimento de la injusticia que todavía padecen cientos y miles de chiapanecos. De ahí el llamado a los involucrados en los dos casos a probar sus acusaciones y seguir el procedimiento normal ante las autoridades competentes a fin de tener los elementos necesarios para elevar las protestas que sean necesarias.



Exigencia inaudita



Lo anterior porque a mi correo llegó ayer la exigencia explícita y por demás amenazante del llamado "Comité Social y Campesino de Defensa contra la Tortura" (ignoraba la existencia de dicho comité) en el que acusa a la prensa chiapaneca de ser "cómplice del supremo gobierno" y de "callar ante los evidentes signos de descomposición social", así como de ser partícipes del linchamiento público del profesor Hernández Yuena quien, según ese comunicado, sufrió "violencia física extrema, acoso psicológico permanente y amenazas contra su familia". Y la amenaza: "Está usted obligado a defender sin cortapizas (sic) al profesor Felipe Hernández Yuena y a cuatro detenidos en la capital del país (sic) (…) a utilizar su espacio periodístico para defender a las víctimas de la represión caso contrario, nos veremos obligados a voicotear (sic) su trabajo periodístico y a tomar otras medidas de precaución contra periodistas vendidos con el supremo gobierno".

Inaudito; sencillamente inaceptable. No es la forma de pedir socorro. Como periodistas no estamos obligados a tomar partido por ninguna de las partes. En este caso hay una acusación mediática más no un expediente penal en el que se encuentren las pruebas de rigor que amparen dicha acusación. No es deber ni obligación de los periodistas expandir acusaciones sin fundamento. Sería irresponsable presuponer que hubo lesiones físicas y psicológicas en una persona si ésta no presenta, en tiempo y forma, los certificados médicos de rigor que así lo prueben y más aún, si no muestra públicamente los golpes recibidos durante el acto que reclama en su favor. Aún cuando así hubiese sido, no podemos los periodistas escribir bajo presión y mucho menos, bajo amenazas inadmisibles puesto que el acto reclamado merece no un golpeteo irresponsable, si no un análisis de fondo que contribuya efectivamente a erradicar ese mal, si es que existió en la persona defendida por el comité en mención.

En el sexenio pasado, muchos periodistas fuimos víctimas de la represión y el odio irracional del exdictador Pablo Abner Salazar; estuvimos prácticamente solos. Fueron muy, pero muy contadas las organizaciones que caminaron junto a nosotros. Y entre éstas, no estaba, no figuró jamás, el Comité Social y Campesino de Defensa contra la Tortura. No tiene, por tanto, calidad moral ni para acusarnos ni para exigirnos y mucho menos, para amenazarnos de la forma en que lo ha hecho. No aceptamos, por dolosas, incongruentes e infundadas, sus exigencias. Tenemos una función pública y social, sí, pero ésta no se ejerce a base de amenazas ni presiones. Debo insistir en que si tienen pruebas de sus acusaciones, las presenten ante la autoridad correspondiente; no somos, los periodistas, los obligados a ejercer funciones que no nos corresponden. Que quede perfectamente claro.