RAFAEL LORET DE MOLA
CUARTO PODER
22 de enero del 2009.
Desafío
Poder y represión
Plumas encajonadas
Desplante vigente
Hay dos síntomas inocultables sobre el mal uso del poder político. El primero es, sin duda, una pretendida uniformidad de criterios cernidos a los oficiales, esto es como si la sociedad dejara de pensar y trasladara el derecho al raciocinio libre a la suprema voluntad central; y, el segundo, los subterfugios para censurar las opiniones o en contrario o, de plano, reprimirlas mediante tortuosidades y excesos sólo posibles desde los veneros de la administración pública. Por supuesto el diagnóstico se complementa con el cinismo de las fuentes oficiales ante las denuncias públicas reiteradas.
Ha sido frecuente, en estos tiempos de demagogia floreciente -desde el 2000, cuando menos, ya sumamos ocho años completos-, exaltar la libertad general mientras se tensan las cuerdas de la intransigencia de manera soterrada. Por ejemplo, no se envía a la cárcel a los disidentes pero se les cierran las puertas bajo alegatos superficiales o alegando que nadie es indispensable. De allí los sonados casos de comunicadores contra quienes se han fraguado venganzas simuladas hasta silenciarlos o aislarlos obligándolos a la negociación política o a la marginación definitiva.
Para colmo existen pretextos tales como el de la violencia generalizada, por la cual nadie está exento de sufrir atropellos como parte de las presuntas estadísticas, o las vendettas del narcotráfico que corren por el territorio nacional. Es muy sencillo diluir los amagos a la libertad, provenientes de los círculos del poder -públicos y privados-, señalando hacia las conflictivas generales y los altos niveles de inseguridad ciudadana en la perspectiva actual. Lavarse las manos es ya, dentro de los organigramas oficiales, una de las más recurrentes rutinas.
Tal condición provee a los represores de un camuflaje ideal en la persecución de sus adversarios y críticos sin, ni siquiera, exhibirse. Y como, además, la impunidad reina sobre las interrelaciones políticas dado que las interpretaciones a las leyes son tan flexibles como los criterios en boga, bien puede utilizarse la parafernalia del poder para amedrentar, amenazar e incluso afrentar a cuantos insisten en mantenerse en el filo de la crítica, a sabiendas de los riesgos que corren, no sólo para cumplir el papel de contrapeso en pro del colectivo sino también para resolver sus propios agobios internos por efecto de la asfixia que provee la intolerancia y la suficiencia de quienes se perciben intocables y absolutos.
La clase política, lo hemos dicho ya, ha sabido pertrecharse a golpes de complicidades muy hondas. La pretendida "transparencia", que más bien ha dotado a las funciones públicas de una nueva casta de burócratas con aire de sabelotodos, privilegia la protección jurídica a las fuentes oficiales, esto es colocando candados para preservarlas de la "difamación" -esto es de cuanto no sea por ellos promovido ni prohijado- y anulando con ello las posibilidades de la investigación periodística. Para matizar la cuestión, claro, se filtran asuntos menores, por ejemplo los listados de obsequios a los funcionarios públicos sin que se hagan diferenciaciones sobre los onerosos comprometedores y los libros que llaman a la reflexión por ejemplo, con los impactos consiguientes entre los desinformados y los ingenuos. El fondo, en cambio, no es siquiera explorado.
Con este doble lenguaje, y la doble lectura que de éste deriva, se pretende inhibir los señalamientos incómodos e incluso marginar, con descalificaciones sumarias, los argumentos fundamentados en contrario. Como si no existieran y sólo fueran serios cuantos derivan de las fuentes oficiales. Y por ello, naturalmente, los operarios y cabilderos de las mismas, desde los lisonjeros coordinadores de prensa hasta los funcionarios con presencia de mando -desde judicial hasta policiaco-, se arrogan el privilegio de sentenciar, sin debate alguno y mucho menos sin juicio, a quienes disienten y elevan voces y opiniones nutridas en la observación directa de la realidad.
El "blindaje", por tanto, ha sido para proteger a las fuentes del poder, incluyendo en este sector a las del sector privado y a las relacionadas con otros grupos de presión -desde dirigentes sindicales, digamos la impresentable "novia de Chucky", hasta representantes y empleados de consorcios coludidos-, y no a quienes intentan ejercer su libertad para asegurar los cauces de una democracia sin diatribas ni complejos.
En este mismo espacio señalé, no hace mucho, que mientras contra los informadores enfrentan a los nuevos cuadros jurídicos que incluyen hasta el "daño moral" como prebenda para matizar o disminuir las denuncias periodísticas -además, en no pocas regiones del país, digamos Chiapas, la coerción se ha multiplicado hasta convertir a la calumnia en un delito grave, casi de lesa humanidad-, los mismos comunicadores no cuentan con elementos para proceder en contra de los gobiernos y empresas que optan por la represión. Esto es: no se tipifican nuevos delitos con agravantes tales como el acoso, la intimidación, el chantaje e incluso la agresión contra familiares vulnerables. El poder impone las reglas, lo sigue haciendo en México, de modo unilateral; y los demás... ¡a cumplir! Valiente democracia ésta.
Por una parte, se puede proceder contra periodistas que lesionen, aun diciendo verdades, el prestigio de sus señalados por causarles "daño moral"; por la otra, quienes sustentan sus juicios y son víctimas de la intolerancia extrema del poder sólo tienen el recurso de su propio valor para seguir denunciando los hechos deplorables sin contar con elementos que permitan abrir procesos y expedientes a quienes les persiguen con la parafernalia del poder. No hay equidad alguna.
Por lo anterior, desde luego, no ha quedado más alternativa que la solidaridad gremial, todavía bisoña. Lo preocupante es que no cesan los casos escandalosos contra quienes se mantienen en la línea de fuego de los señalamientos públicos.
Debate
Desde Tuxtla me escribe Roberto Domínguez Cortés, a quien conocí a lo largo de la emocionante batalla librada por mi inolvidable amigo Conrado de la Cruz -siempre más vigoroso que sus propios defectos- hasta la muerte de éste en enero de 2007. Fuera del país, acosado por la administración de Pablo Salazar en Chiapas, poco pudo defender de su patrimonio pero logró, y fue bastante, salvar a su diario, "Cuarto Poder", de la desmedida ambición de sus acosadores. La historia completa la reproduje en "Confesiones y Penitencias" -Océano, 2007-, pero percibo que me quedé corto.
Las secuelas llegaron hasta mayo de 2008 cuando el hijo de Conrado, del mismo nombre, colocado en la gerencia promocional del rotativo, sufrió un infarto mortal; antes, había protagonizado la parte más negra de la represión, confinado en el penal de Tuxtla con la intención de doblegar a su padre y acusado de ilícitos prefabricados en torno a una discoteca de su propiedad.
La misma estrategia se sigue ahora con Domínguez Cortés. Las agresiones contra él, que llegaron a su punto más álgido también en mayo de 2008 cuando en el Campo Deportivo Caña Hueca fue brutalmente agredido. Él estima que intentaron matarle. Como consecuencia debió ser operado de una triple fractura en el cráneo. Pero tal no parece ser lo peor, según estima. Ahora confronta acusaciones por supuestos delitos, que en todo caso han prescrito, en contra de su ex nuera, de quien su hijo se separó desde 2001. Por supuesto, una querella en tales circunstancias no habría prosperado ni se habría extendido sin una motivación política de por medio.
Sucede que Domínguez no sólo destacó como abogado y editorialista a favor de la causa del director del periódico perseguido por el ex gobernador Salazar sino que también figuró como coordinador de la campaña del aspirante del PRI al gobierno chiapaneco, adversario del perredista Juan Sabines, sobrino del ilustre poeta y cuyos parámetros de rencor son, al parecer, similares a los de su antecesor. Y no es poca cosa, desde luego.
En estas circunstancias, el pasado 15 de diciembre, Domínguez fue sacado de su casa, y lo mismo se hizo con su hijo Roberto, aun cuando ellos habían sido los agredidos por la familia de su ex nuera de acuerdo a la constancia de varios tejidos presenciales. Pero cualquier cosa puede trocarse cuando de por medio existe una consigna superior. El mismo método utilizado bajo la égida del priísmo hegemónico que es referente de un pasado que, por supuesto, no puede apreciarse a lo lejos.
Hoy, Domínguez se mantiene en pie. Insiste en que la continuidad política en Chiapas, de Salazar a Sabines, no ha sido sino un nuevo traspiés para una democracia viciada. Y, por favor, no se caiga en el lugar común de que lo defendemos guiados por el apoyo gremial. Hemos tenido buen cuidado de repasar expedientes y hechos; y salen muy mal paradas las instancias gubernamentales.
El Reto
En Chiapas, bien lo saben los lectores de Cuarto Poder y cuantos me han acompañado durante algunos encuentros inolvidables para mí, las alianzas extendidas a varios sexenios no son poco frecuentes. De ello deriva la fiscalía general que recayó en Mariano Herrán Salvatti con el aval de Pablo Salazar y coberturas transexenales. Tales sustentos se vuelven, más bien, exaltadas provocaciones contra quienes disienten de cuantos se sienten infalibles por decreto.
¿Qué falta ahora? ¿Asegurar que los diaristas formen una nueva fracción del EZLN para merecer reconocimientos públicos como los comandantes y "sub" que declararon la guerra al ejército mexicano y al gobierno federal para después ser protegidos, consentidos y custodiados por militares y políticos? Si se consienten las balas de los guerrilleros pretensos, pacifistas se dicen en contradicción a sus orígenes bélicos, ¿acaso la palabra es más devastadora cuando resulta insuperable en un debate en igualdad de circunstancias?
Tales galimatías surgen, claro, ante la ominosa persecución a los periodistas. Y no sólo en el sureste del país sino de frontera a frontera, de río a río, de litoral a litoral. Mientras se nos habla de justicia, democracia y soberanía. Para mantener en alto, claro, el sagrado derecho de aplaudir.
